Una gráfica, publicada por el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana (Observamed), mostraba que, pese a que el número de unidades de fármacos vendidas fue similar en los últimos años, los pagos no habían parado de crecer en Colombia, y esto era más notorio en los medicamentos No Pos: 1 billón de pesos incrementó el pago en 2018, frente a 2017, para un pago total de 10 billones.

Un dato interesante que salta el periódico El Espectador, en su página web, es que el incremento del pago en medicamentos No Pos, es más del doble de lo que consiguieron los estudiantes en diciembre para financiar la educación superior.

El director de Observamed, Oscar Andia, en un artículo en Razón Pública: “Por los medicamentos NoPBS que requieren los pacientes, las EPS solicitan los famosos recobros (cantidades adicionales al UPC) al ADRES, de modo que el aumento de los precios de esos medicamentos no afecta directamente a las EPS, pero sí al sistema de salud”. Debido a la complejidad de la cadena del mercado de las medicinas, no es fácil saber con exactitud el porqué de los incrementos.

Dentro de los actores de esa larga cadena encontramos: EPS, clínicas y hospitales y laboratorios nacionales e internacionales. Los anteriores son actores que son reconocidos en esta cadena, pero existen otras empresas, conocidas en el lenguaje médico como “operadores logísticos” o “gestores farmacéuticos”, los cuales representan un papel importante. Algunas de ellas son: Cruz Verde, Comfandi, Audifarma, Colsubsidio y Cafam.

Estas, por el momento, no tienen que rendir cuentas ni cumplir requisitos específicos para entrar a esa larga cadena. Con el artículo 139 del PND se quiere empezar a resolver esta situación, incluyendo a estos “gestores” como actores de esta cadena.

El artículo menciona: “El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará los requisitos financieros y de operación de los agentes de los que trata este numeral. La Superintendencia de Industria y Comercio, en el desarrollo de sus funciones, garantizará la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal.”

Diana Isabel Cárdenas Gamboa, viceministra de Protección Social, dice, según el periódico El Espectador, que esto es con el fin de conocer más de cerca el papel de estos operadores. “¿Quiénes los conforman? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo son sus relaciones comerciales con las EPS, con los hospitales? ¿Cómo se forman sus contratos?”, se pregunta, y resalta que “<…> en el fondo se trata de exigir más transparencia”.

Se busca saber si estos “gestores” son los responsables de los aumentos exagerados en las medicinas no Pos. Un funcionario del Gobierno, que prefiere no ser citado, dice al periódico El Espectador: “Sabemos que algunos de ellos están abusando de los precios de los medicamentos y es una fuga que hay que parar. Cuando muestren sus cuentas, por ejemplo, sabremos quiénes son los responsables del excesivo aumento de esos billones que año tras año está pagando el país por las medicinas que no son parte del POS”.

A estos “gestores” les disgusta que los acusen de tales cosas, aunque la idea no les incomoda, y resaltan que tales prácticas son ejercidas por solo una de esas empresas. Así mismo, se quejan de que el artículo del PND no es muy completo y no precisa qué es un gestor farmacéutico ni sus funciones.

Lo que sabe a ciencia cierta, es que más una de las facturas con las que cobran medicinas de alto costo al Estado sobrepasan los valores promedio. Una clara demostración de lo anterior la hace ADRES en un informe acerca de la enfermedad de Gucher, en septiembre de 2018, cuando uno de estos operadores causó sobrecostos que sobrepasaban los 1.700 millones por un medicamento.